Red de corrupción en CFE

Fernando Bueno, director de Administración de la CFE, dijo que podría haber involucrada alguna autoridad judicial.

La paraestatal dijo que hay 25 juicios con los cuales no está de acuerdo con la indemnización reclamada

Ciudad de México.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) presentó denuncias ante la PGR tras detectar que en Sinaloa se registran reclamos de indemnizaciones indebidas de ciudadanos, las cuales, con presunto apoyo de autoridades judiciales, han derivado en pagos millonarios.

La paraestatal presentó las denuncias contra quienes resulten responsables de hacer operaciones fraudulentas en la región de Mazatlán por el cobro indebido de derecho de paso o servidumbre legal de paso para instalar torres y líneas de transmisión.

Lo anterior, dado que el artículo 1108 del Código Civil Federal establece que se debe pagar indemnización por el tendido de líneas eléctricas en predios ajenos.

Fernando Bueno, director de Administración de la CFE, informó en entrevista que hay en proceso 25 juicios con los cuales no están de acuerdo con los reclamos de indemnización.

"Notamos que, en forma fraudulenta y utilizando maquinaciones, se hacen cosas para hacer un cobro indebido y, eventualmente, puede haber involucrada alguna autoridad judicial", dijo Bueno.

Javier Sámano Bazúa, juez primero del ramo civil de Mazatlán, estimó que hasta 80 por ciento de las demandas ha procedido a favor de los demandantes.

"El 70 u 80 por ciento fueron procedentes por varios factores, entre ellos porque las demandas no contaban con defensa (por parte de la CFE)", aseguró.

Grupo Reforma pudo constatar que, en un litigio promovido por Belén Lavinia Murray Muñoz, el Juzgado Mixto de Concordia, Sinaloa, dictó el 10 de marzo del año pasado sentencia adversa a la paraestatal, que debe pagar 209 millones 23 mil 974 pesos a la demandante.

Tras revisar el caso, representantes de la dependencia acusaron al entonces juez de Concordia, Isidro Hernández Ramírez, por la presunta falsificación de documentos y firmas durante el proceso.

"En algunos casos, hemos presentado la defensa por la vía civil y la denuncia ante el Ministerio Público porque nosotros, al final del día, somos víctimas de muchos casos y de los propios intereses de los abogados privados que hacen de esto un negocio y se organizan reclamantes, juicios y jueces", detalló Bueno.

Niegan corrupción

Canuto López López, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa, afirmó que no existe investigación en contra de algún juez del Estado por presuntas corruptelas relacionadas con juicios contra la CFE.

"Nosotros no tenemos ninguna investigación en contra de nadie. Esa gente que dice de las corrupciones que dé más información, (pero) no meto las manos por nadie", señaló el Magistrado presidente.

Por otra parte, a una solicitud vía ley de Transparencia, el Poder Judicial de Sinaloa respondió que no puede aportar información de estos casos.

... e investigan casos internos

Los casos de corrupción al interior de la CFE siguen apareciendo.

La Secretaría de la Función Pública ha puesto la lupa sobre los contratos de obra otorgados por la paraestatal en la Central Geotermoeléctrica de Cerro Prieto, Baja California, por presuntos actos de corrupción.

De acuerdo con fuentes de la dependencia, en el primer trimestre de este 2011, la contraloría federal arrancará una revisión a las diversas contrataciones en esta planta, que es la segunda más grande del mundo en su tipo.


La decisión fue tomada debido a que de 2007 a 2010 han llegado varias denuncias sobre actos de corrupción de altos funcionarios, contrataciones millonarias sin licitación, uso de materiales de baja calidad, sobreprecios, retrasos en el cumplimiento de las obras y no aplicación de sanciones a contratistas.

En uno de los casos de 2007, la CFE pagó 39 millones de dólares a Maquinaria Igsa por la reparación de una turbina de 30 megawatts, en un convenio para rehabilitar y modernizar la Unidad 5 de la mencionada Central, supuestamente a un precio superior al de un generador nuevo.

"La investigación de 2007 concluyó sin sanciones, pero denuncias presentadas este año (2010) hicieron que la SFP decidiera auditar diversos contratos en la planta", dijo una fuente de la Función Pública.

"Son denuncias por trabajos que hizo Igsa y la investigación dirá a dónde apunta (y quiénes son) los responsables, si a los funcionarios o a la empresa, eso no se sabe aún".

El primer caso de 2007, que concluyó sin fincar responsabilidad a funcionarios, derivó de la licitación pública internacional LPI- 18164093-021-03- CFE para la rehabilitación y modernización de la Unidad 5 de Cerro Prieto.

El contrato fue asignado a Power & Industrial Products (PIP), pero le fue rescindido por incumplimiento.
El 30 de marzo de 2006 la CFE contrató a Maquinaria Igsa, por haber sido la segunda mejor propuesta en la licitación, con un monto de 27 millones 475 mil 837 dólares y con el compromiso de concluir la obra el 8 de enero de 2008.

Según documentos oficiales, el 23 de octubre de 2007 la SFP recibió una denuncia que señala que cuando los funcionarios de la CFE realizaron el análisis de rentabilidad para rehabilitar la turbina usada, de manera extraña no incluyeron todos sus componentes.

De acuerdo con la denuncia, que dio lugar a la apertura del expediente DE-000028-2007-BC, lo anterior supuestamente se tradujo en dos nuevos contratos de "trabajos adicionales" para la compañía Igsa, sin licitación pública de por medio.

Por asignación directa, el primer convenio se otorgó el 26 de marzo de 2007 por 4 millones 997 mil 750 dólares y el segundo fue suscrito en septiembre de 2007 por 20 millones 958 mil 500 pesos.

Los contratos ocurrieron cuando el Superintendente de la Central Geotermoeléctrica era Ricardo Cervantes Pérez, y el gerente Regional de Producción Noroeste era Luis Gonzalo Murrieta, hoy Coordinador Nacional del Área Termoeléctrica de la Subdirección de Generación.

Ambos tenían como superior jerárquico a Néstor Moreno Díaz, entonces director de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad y hoy investigado por presuntamente recibir sobornos millonarios con un yate y un Ferrari incluidos, a cambio de contratos de la paraestatal.

La SFP revisó en total dos denuncias por este caso, y una de ellas cuestionaba la asignación de tres contratos a la misma empresa para ejecutar una sola obra que resultó más cara que la compra de la propia turbina y sin concurso de licitación de por medio.

A diferencia de PIP, el convenio no fue rescindido pese a que la obra tuvo un retraso de más de un año.

En la queja, se menciona que la CFE realizó contratos modificatorios que anularon las multas al contratista y permitieron que la paraestatal perdiera ante Bureau Veritas un peritaje con Igsa que le significó pagar 6 millones de dólares adicionales a los contratos.

Agrega que la paraestatal negoció con Igsa cambios de proveedores, hecho que algunas fuentes estiman que dio lugar al uso de materiales con calidad menor a la especificada.

El Órgano Interno de Control de la CFE, que depende de la SFP, pidió en aquel momento "señalar por qué el contratista rehabilitó válvulas de control de admisión de vapor, de control y paro, así como chumaceras, entregadas por CFE para realizar la ingeniería inversa, en lugar de adquirir equipos nuevos".

De acuerdo con información de la SFP, tras revisar el caso, se concluyó que no hubo faltas administrativas de gravedad en las modificaciones de los contratos ni el peritaje al que se sometieron las partes.

Dan contratos entre anomalías

Tras perder un peritaje que significó pagar 6 millones de dólares adicionales a Maquinaria Igsa, dinero que en principio no contemplaba gastar, la CFE otorgó a la misma compañía contratos de obra en Veracruz y Baja California Sur que en conjunto ascienden a más de 162 millones de dólares.

En el 2006, la CFE contrató a esta empresa por 27 millones 475 mil 837 dólares para rehabilitar y modernizar la Unidad 5 de la Central Geotermoeléctrica de Cerro Prieto, una obra que requirió dos convenios adicionales que hicieron que el costo subiera a 33 millones de dólares.

Ante las divergencias de costos y trabajos extraordinarios suscitados en esta obra, las partes se sometieron a un peritaje que resultó en favor de Igsa y que hizo que la CFE pagara otros 6.5 millones de dólares adicionales, lo que implicó un gasto total superior a 39 millones de dólares.

No obstante lo anterior, el 24 de noviembre de 2009, la CFE otorgó un nuevo contrato de 25 millones 290 mil dólares a Maquinaria Igsa para el suministro de equipos y materiales, instalación y construcción de la Central de Combustión Interna 226 CCI de Guerrero Negro III, en Baja California Sur, con capacidad para 11.04 MW.

En un principio, según el portal Compranet, esta licitación fue declarada desierta, y en la segunda ocasión en que se llevó a cabo, el contrato fue para Igsa.

Poco después, el 14 de abril de 2010, la CFE otorgó un nuevo contrato a Igsa de 136 millones 823 mil 423 dólares, por servicios como el desmontaje de una Unidad Turbogeneradora de Gas y su traslado de Tuxpan a Poza Rica para instalarla con su Estación de Medición, Regulación y Control (EMRyC) de gas natural.

Esta contratación incluyó el suministro de un Generador de Vapor por Recuperación de Calor con sus equipos auxiliares, adecuaciones, modificaciones y reemplazos a los turbogeneradores y condensadores principales, así como la modernización de la subestación eléctrica y sus sistemas de control.

La obra de Guerrero Negro formalmente corrió a cargo de un consorcio formado por Maquinaria Igsa, Equipos Mecánicos e Igsa Solutions, dos de las cuales forman parte del grupo de compañías del empresario Santiago Paredes Tirado.

La de Poza Rica la iniciaron el consorcio integrado por Igsa, Roma M. Cogeneración e Igsa Solutions, las tres compañías vinculadas con Paredes.

Redacción--Reforma