Exigen justicia por la muerte de mexiquense a manos de agentes del ICE en Houston

El nombre de Lorenzo Salgado Araujo, un migrante originario del municipio de Tlatlaya, Estado de México, se ha convertido en el centro de una creciente demanda de justicia. El hombre de 35 años de radicar en Estados Unidos perdió la vida el pasado martes, tras recibir disparos por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo en Houston.

El incidente, que ha conmocionado a la comunidad mexicana en el extranjero y a sus familiares en el Edomex, ocurrió cuando los agentes intentaron detener el vehículo en el que se trasladaba Salgado. Según la versión preliminar del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el connacional intentó evadir el arresto, provocando un impacto contra un vehículo oficial, lo que derivó en que los agentes recurrieran al uso de fuerza letal. Tras ser trasladado de emergencia a un centro hospitalario, el hombre falleció horas después.

Un grito de justicia familiar

Ronaldo Salgado, hijo de la víctima, ha encabezado una exigencia pública para que se realice una investigación transparente e imparcial sobre los hechos. Con profunda indignación, compartió el dolor de haber escuchado a su padre pedir ayuda en los registros audiovisuales del momento del operativo.

"Escuché a mi papá gritando por ayuda. Era una persona fuerte que siempre quería que nosotros, su familia, estuviéramos bien. (...) Yo pensé que iba a sobrevivir", declaró en conferencia de prensa, visiblemente afectado.

El legado de una vida de esfuerzo

Lorenzo Salgado Araujo, originario de la comunidad de San Antonio del Rosario, en Tlatlaya, era recordado por sus allegados como un hombre trabajador y honesto. De acuerdo con su familia, Salgado se encontraba en un proceso activo para regularizar su situación migratoria tras más de tres décadas de residencia en el país vecino.

Ante la opacidad inicial sobre las circunstancias exactas de su muerte, la familia ha solicitado formalmente que se hagan públicas todas las pruebas, especialmente las grabaciones de las cámaras corporales de los oficiales involucrados. El objetivo es claro: esclarecer si hubo un uso desproporcionado de la fuerza y asegurar que el caso no quede en la impunidad.