Comienza batalla legal en Arizona

Washington DC, Estados Unidos.- El Alcalde de Phoenix, el demócrata Phil Gordon, propondrá hoy al cabildo local una demanda contra la recién promulgada Ley SB 1070 que criminaliza la inmigración indocumentada en Arizona.

Luego de haber denunciado la legislación por atentar contra los derechos civiles al obligar a las policías locales a detener a alguien bajo sospecha de estar sin documentos migratorios válidos, Gordon señaló que espera que su propuesta sea apoyada.

"Espero que el cabildo de la ciudad nos autorice mañana (hoy)" a emprender la demanda, dijo a la cadena CNN el Mandatario local, cuya urbe tiene 1.5 millones de habitantes, de los cuales 41 por ciento es hispano.

Sin embargo, cinco de los ocho integrantes del cabildo adelantaron a la prensa local que no piensan apoyar la demanda, argumentando que representaría una pérdida de dinero para la ciudad, además de que varios organismos civiles ya han anunciado que presentarán sus propios recursos.

De cualquier manera, Gordon aseguró que si los miembros del cabildo no lo apoyan, impulsaría por sí mismo una demanda contra el Estado de Arizona por obligar a la autoridad local a cumplir una Ley que discrimina.

"Es imposible entender cómo implementar (la Ley) sin violar la legislación estatal, sin que alguien nos demande o sin que violemos los derechos civiles", dijo Gordon ayer en una entrevista con la cadena Fox.

"Entonces, por eso, necesitamos primero que las cortes determinen su constitucionalidad y, número dos, cómo hacer (para implementarla). No puede uno esperarse a que vuelen las demandas (por abusos)".

Firmada por la Gobernadora republicana, Jan Brewer, la Ley SB 1070 fue promulgada la semana pasada en pleno año electoral.

Los abogados que a nombre de algunas organizaciones civiles presentarán una controversia contra la ley se enfocarán en el aspecto anticonstitucional de la misma.

"El punto más clave es que no es constitucional, porque le da autorización a la Policía de aplicar la ley de inmigración y, en nuestra opinión, bajo la Constitución de Estados Unidos, (esta disposición) está reservada totalmente para el Gobierno federal", aseguró Daniel Ortega, uno de los abogados.

En su carácter de representante en Arizona del Consejo Nacional La Raza, Ortega consideró que, por ahora, entre la comunidad latina existe un gran temor por la implementación de la normal, pero más por las consecuencias.

"Esta ley va a crear más discriminación en nuestra comunidad, sobre todo en la cuestión de perfiles raciales, que se va a enfocar en nosotros solamente", afirmó.

Redacción--Reforma