Gobierno 4T impone impuesto a videojuegos pese a evidencia científica que lo contradice

Gobierno de la 4T impone impuesto a videojuegos sin evidencia científica

La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que incluye un nuevo gravamen del 8% a los videojuegos con contenido violento. Esta medida, que entrará en vigor en 2026, también incrementa los impuestos a juegos con apuestas y sorteos, tanto físicos como en línea, elevando la tasa del 30% al 50%.

Según el diputado José Armando Fernández Samaniego, de la bancada de Morena, esta iniciativa busca ser un “acto de justicia social” y no una censura. Afirma que quienes generan adicciones y violencia desde la pantalla deben contribuir al Estado que atiende estas consecuencias. Además, destaca que la medida refleja la congruencia con la Cuarta Transformación, priorizando la salud, la equidad y la vida por encima del negocio.

[post_ad]

Falta de evidencia científica

Sin embargo, diversos estudios científicos contradicen la premisa del gobierno. La Asociación Estadounidense de Psicología (APA) ha afirmado que no hay evidencia suficiente para establecer una relación causal entre los videojuegos violentos y la conducta violenta. Su presidenta, Sandra L. Shullman, señaló que atribuir la violencia a los videojuegos desvía la atención de otros factores, como los antecedentes de violencia, que son un importante predictor de la violencia futura. 

APA

Además, la Comisión Nacional Contra las Adicciones de México ha reiterado que no existe evidencia científica que pruebe que los videojuegos violentos producen personas violentas. 

Impacto en la industria y los consumidores

La implementación de este impuesto podría encarecer los videojuegos hasta en un 24%, afectando a una industria que cuenta con más de 72.6 millones de jugadores en México. Analistas advierten que esta medida podría frenar el crecimiento de un sector cultural y tecnológico en auge. Miguel Ángel Villanueva, socio encargado del área tributaria de GameMetron, comparó esta iniciativa con el régimen tributario aplicado a casinos, señalando que equiparar apuestas con videojuegos es un error jurídico.

La decisión del gobierno de imponer un impuesto a los videojuegos violentos carece de respaldo científico y podría tener repercusiones negativas en la industria y los consumidores. Es fundamental que las políticas públicas se basen en evidencia sólida y no en prejuicios infundados. Es necesario un debate informado y transparente sobre este tema para evitar decisiones que puedan ser contraproducentes.

La presidenta Claudia Sheinbaum y los diputados de Morena han justificado este gravamen como una estrategia para reducir la violencia juvenil y promover hábitos más saludables. Sin embargo, estudios científicos han demostrado que no existe una relación causal entre los videojuegos violentos y el comportamiento agresivo en el mundo real. Por ejemplo, la Asociación Americana de Psicología (APA) ha afirmado que "no hay evidencia científica suficiente que corrobore un vínculo causal entre los videojuegos violentos y el comportamiento violento" 

Además, la Comisión Nacional Contra las Adicciones de México ha reiterado que "no existe evidencia directa de que la exposición a contenidos y narrativas que incluyan golpes, disparos, enfrentamientos físicos y destrucción incrementen la violencia"

Es imperativo que las políticas públicas se basen en datos sólidos y en un entendimiento profundo de los temas que abordan. La ignorancia en cuestiones tan complejas como la relación entre los videojuegos y la violencia no solo es irresponsable, sino que también socava la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de su bienestar.