Granaderos detienen a indígenas de Xochicuautla

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dispuso de casi cien granaderos para resguardar maquinaria y empleados de la empresa AUTOVAN S.A de C.V. que construye en la comunidad de Xochicuautla, municipio de Lerma, la carretera privada Toluca-Naucalpan. La oposición de los pobladores indígenas para que se continúe con los trabajos derivó en el arresto de 6 seis personas, la mayoría adultos mayores y mujeres.

Desde el fin de semana los afectados por el proyecto carretero advirtieron que no permitirían los trabajos, en tanto la empresa no entregue los papeles que avalan la construcción, detenida desde hace 8 años.

El delegado de Xochicuautla, Armando García explicó que el conflicto tiene años y la comunidad no permite la construcción debido al costo ambiental que representa, ya que la empresa sólo pagará 8 pesos por árbol derribado, cuando a los pobladores los llegan a multar con cárcel y más de 20 mil pesos si cortan un árbol.

“Jamás presentaron una propuesta para beneficiar a las comunidades y a las personas que se quedarán sin sus casas o tierras sólo quieren pagarles a 230 pesos el metro cuadrado de tierra, estos son tan sólo algunos motivos para impedir la construcción”, informó.

Al ser de los pocos otomíes que quedan, en este lugar tienen dos centros ceremoniales denominados La Cruz y La Piedra que desaparecerían al paso de la carretera.

Los afectados reconocen que los dos primeros años se les tomó en cuenta la opinión del pueblo (6 mil personas) que siempre se negaron a vender debido al costo ecológico que representaba, por lo cual el gobierno del estado, junto con la empresa, conformó un registro de comuneros afines; sólo participarían 400 personas en la toma de decisiones y quienes sí querían la carretera porque se les prometió dinero.

Sin embargo, la comunidad recurrió al amparo en los tribunales agrarios derivado de una asamblea que se realizó en agosto de 2011 acordando, con sólo 150 personas, que la empresa podría comenzar la construcción y posteriormente se realizarían otros acuerdos.

Aunque el tribunal agrario otorgó la razón a la empresa durante años, lo que le permitió continuar con la carretera, en el 2012 un tribunal colegiado finalmente le otorgó la razón a la comunidad y el tema sigue en disputa legal, hasta el momento todo está a favor de los pobladores.

Así han pasado años y la empresa recurre normalmente a la SSC para realizar sus trabajos y prácticamente enfrentar a los policías con los comuneros que no permitirán el avance de los trabajos.

Tras detener de manera pacífica el avance de la maquinaria colocando troncos de árboles y una valla humana, agentes del Ministerio Público y los policías retuvieron a seis de estas personas, entre ellos, el propio delegado Armando García, Rosa Saavedra, Venacio Hernández, Domingo Hernández, Felipe Gutiérrez, Mauricio Gutiérrez y Francisca Reyes.

Aunque se buscó una entrevista con los representantes de la empresa, estos se limitaron a contestar que sería la SSC a través de un boletín la que daría los pormenores de la situación.

Cabe mencionar que la empresa AUTOVAN es dependiente de la constructora TEYA, propiedad del empresario Armando Hinojosa Cantú (amigo de Peña Nieto), uno de los principales proveedores del gobierno estatal y federal.

Redación--alfa diario