Criminalidad del transporte público en Estado de México

EL PULPO se burla de todos los niveles de autoridad.

Se supone que una de las funciones básicas del estado y en particular de los diferentes niveles y órdenes de gobierno, entiéndase federal, estatal y municipal y Ejecutivo, Legislativo y Judicial, es la de otorgar seguridad, en los diversos aspectos y momentos en los que pudiera requerirse, a los integrantes de la sociedad.

Para lograr lo anterior, esos diferentes órdenes y niveles de gobierno se han distribuido facultades y responsabilidades entre todos ellos y se han establecido mecanismos de coordinación de manera tal que, supuestamente, habría una atenta, rápida y segura respuesta tanto preventiva como correctiva a cualquier necesidad de seguridad que tuviese la población.

Desafortunadamente lo anterior no se cumple y así se tienen fenómenos de grave inseguridad en diferentes aspectos a lo largo y ancho del país, de las entidades y de las ciudades.

Relacionado con el servicio de transporte, los expertos en el tema hacen una clasificación de inseguridad, que se podría aplicar también a otros campos, en la que diferencian la inseguridad debida a cuestiones accidentales, no intencionales, ocurridas en la operación del sistema y que cae en el campo de lo que denominan safety; y la inseguridad ocurrida por actos criminales sucedidos alrededor o a bordo de los vehículos y que caen en el campo de lo que se denomina security.

El Sol de Toluca ha dado a conocer cómo, desde hace ya varios años, el transporte público en la zona metropolitana de la ciudad de Toluca, ha sido una fuente constante de daños a la población, daños que han tomado diferentes formas que van desde injurias, abusos y malos tratos a los usuarios hasta el homicidio de transeúntes, preferentemente niños, mujeres y ancianos.

En principio podría aceptarse que la forma de abordar el problema de los llamados accidentes del transporte público se ubicara en el campo de la inseguridad debida a hechos accidentales aislados, en cuyo caso habría que revisar las medidas de seguridad en cuanto a número de vehículos, frecuencia de paso, velocidades permitidas, zonas de ascenso y descenso, condiciones de los vehículos, diseño de calles, avenidas e intersecciones entre otros aspectos y quizá debieran participar además de las autoridades de tránsito y de transporte, las de protección civil.

Pero el problema radica en que además de que varios de los aspectos señalados se han descuidado, existe una actitud generalizada de los concesionarios de incumplimiento de normas y leyes, atenidos a la máxima de que todo es negociable.

Como parte de esa conducta se encuentra la de los conductores de los vehículos que en muchas ocasiones puede calificarse de criminal, cuando circulan a velocidades excesivas, cuando se pasan las señales rojas del semáforo, cuando aprovechando el tamaño de sus unidades embisten vehículos y personas en la vía pública ocasionando diversos daños.

Y llama la atención que, a pesar de su reiteración, el trato que se le da a esta situación permite que el delincuente que ha causado un daño grave o incluso privado de la vida a una persona pueda lograr con cierta facilidad, con el arreglo entre la empresa y la instancia de procuración de justicia, no quedar en prisión o recuperar en breve plazo su libertad y volver a su trabajo.

Los problemas del transporte público son ya emblemáticos en la entidad y en particular en sus zonas metropolitanas y ya no sólo se refieren al mal servicio y su alto costo, a los congestionamientos viales y a la contaminación que ocasiona, sino también y de manera cada vez mayor a los accidentes con otros vehículos y al daño y muerte de transeúntes.

La desorganización del servicio es ya proverbial y su origen se atribuye a múltiples factores como el exceso de parque vehicular, la presencia de vehículos y servicios irregulares y a la corrupción entre otros muchos que sería largo enumerar, pero esos factores originales no sólo no se han corregido sino que han aparecido otros que hacen cada vez más grave el problema.

Uno de estos nuevos factores, me decía un directivo de las llamadas empresas de transporte, es que algunos de ellos y de los dueños de los camiones, han adoptado como criterio de contratación de sus operadores, el que sean personas que no tengan temor de competir fieramente con los demás conductores, sin consideración alguna para los usuarios y los demás que ocupan la vía pública, que además se sepan arreglar con los vigilantes del tránsito y que aguanten la jornada de 16 horas o más horas de trabajo. De preferencia jóvenes sin posibilidades de otro tipo de trabajo y con necesidades económicas.

La mayoría de ellos, como ya lo ha constatado la autoridad, no obtienen su licencia de conducir por varias razones. Una de ellas es, al decir de un concesionario, el hecho de que no pasarían las pruebas de no consumo de drogas ya que según esta misma fuente, para poder soportar las largas jornadas, la feroz competencia y las presiones para lograr ingresos que les permitan entregar una cuenta diaria al dueño del camión, pagar el combustible, repartir entre los operativos de tránsito y obtener un ingreso para ellos, algunos recurren a diversos tipos de estimulantes.

Se tiene entonces que el problema se ha venido complicando, en lugar de simplificarse y muy desafortunadamente no parece tener visos de resolverse, en tanto las autoridades, siguiendo una tendencia que desmiente toda aspiración de ser una sociedad regida por la ley, se preocupen más por atender a los intereses y llegar a acuerdos con unos transportistas con una perspectiva carente de lo que debiera ser su función social, lo cual es muy penoso para una entidad que quiere significarse como una de las mejores de México no obstante sus complejos problemas.

Bajo esta perspectiva cabría sugerir entonces, que se llegue a un convenio con los transportistas, por el cual se les otorgue algún beneficio e incluso un reconocimiento público por cada mes que transcurra sin que haya algún homicidio causado por ellos en las calles de la zona.

Otra opción sería insistir que en el caso concreto de la zona metropolitana de la ciudad de Toluca, las autoridades municipales, las estatales, e incluso la comisión respectiva de la Cámara de Diputados, pudieran en principio aplicar la ley y la norma y al mismo tiempo plantear una serie de acciones, con las que se atendiera a la seguridad y a la calidad del servicio para la población.

Mientras tanto debemos todos procurar alertarnos en nuestro tránsito por la vía pública, la inseguridad debida a actos criminales tiene muchas caras, una de ellas es la del transporte público.

Redacción--Sol de Toluca