Gobierno Edomex lucha por el uso y distribución de libros de texto

La administración estatal de Toluca se ha movilizado en un esfuerzo por revertir una controvertida decisión judicial que afecta a más de 3.1 millones de estudiantes. El Gobierno del Estado de México ha impugnado juicios de amparo que prohibían la distribución y uso de casi 10 mil libros de texto gratuitos destinados a alumnos de preescolar, primaria y secundaria en la entidad.

La polémica se desató cuando el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito emitió una resolución que impedía el uso de estos libros, a pesar de que ya habían sido entregados en su mayoría para el ciclo escolar 2023-2024. La medida, que afecta a una amplia base estudiantil, se originó a raíz de la solicitud de amparo presentada por tan solo 12 padres de familia.

El Gobierno del Estado de México sostiene que esta decisión judicial atenta contra el interés superior de la educación, al privar a los estudiantes de una herramienta fundamental para su formación. Además, argumenta que socava la libertad de elección y pensamiento de los alumnos al limitar sus opciones de lectura.

La resolución del Tribunal Colegiado ordena a los jueces de distrito suspender la distribución de libros de texto o su uso para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria en instituciones educativas del Estado de México. Esta medida afecta a más del 85% de los alumnos que ya habían recibido los libros.

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El Gobierno estatal considera que los magistrados federales han excedido sus competencias y han puesto en peligro el derecho a la educación, además de imponer una carga económica considerable a las familias y al sistema educativo estatal al sugerir la reimpresión de los libros de texto aprobados para el ciclo anterior.

Esta controversia destaca la importancia de equilibrar la jurisdicción judicial con las competencias de los Poderes Ejecutivo y Legislativo en la implementación de políticas públicas. El Gobierno del Estado de México ha exhortado a los jueces y magistrados federales a considerar la realidad social del país y limitar su intervención a lo que establece la Constitución para garantizar una verdadera justicia en los casos de su jurisdicción.

Redacción--noticias/milenio