SCJN deja para el jueves votación sobre prisión preventiva oficiosa y ruta a seguir

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó invalidar la prisión preventiva de oficio prevista en la Constitución.

La SCJN aplazó al jueves 8 de septiembre la votación a petición del ministro ponente y a cargo del proyecto Luis María Aguilar Morales, quien propone eliminarla.

Durante el segundo día de debate del tema, 7 ministros se pronunciaron contra inaplicar la Carta Magna al considerar, algunos, que la Corte no tiene facultades para ejercer un mandato de este tipo y, otros, que el Artículo 19 constitucional, que prevé la prisión preventiva de oficio, no fue sometido al análisis del Máximo Tribunal y, por lo tanto, no tenían por qué pronunciarse al respecto.

Pese a ello, el proyecto de Aguilar Morales sumó, además del voto del ponente, 3 votos a favor.

El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena señaló que la prisión preventiva de oficio es irreconciliable con los derechos humanos.

La ministra Norma Lucía Piña Hernández señaló que es incorrecto asegurar que la eliminación de la prisión preventiva oficiosa garantizará la seguridad y cumplirá con la legítima demanda ciudadana de vivir en paz, así como de castigar a delincuentes.

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El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo señaló que en la impugnación analizada por el Pleno contra la ampliación del catálogo de delitos que merecen prisión preventiva de oficio, no se advierte que se haya planteado la inconvencionalidad de esta medida cautelar.

Margarita Ríos Farjat también se pronunció en contra de inaplicar la constitución y con ello eliminar la prisión preventiva de oficio.

Aunque el ministro Javier Laynez se inclinó por declarar que sí existe la posibilidad de que la Corte interprete la Constitución, votó en contra de la propuesta de inaplicar la Carta Magna porque consideró el proyecto no incluye un estudio de por qué la SCJN puede hacerlo, sin embargo, se pronunció por invalidar la ampliación del catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa.

Alberto Pérez Dayán y Juan Luis González Alcántara Carrancá se inclinaron en contra de dejar de aplicar la prisión preventiva oficiosa, pero a favor de declarar inconstitucional la inclusión de los delitos fiscales en el catálogo de delitos que merecen esta medida provisional.

Redacción--noticias/eldiariodecoahuila