Imputan a Rosario Robles daño a erario por 5 mil 73 mdp

La exsecretaria federal Rosario Robles Berlanga se presentó en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México donde la Fiscalía General de la República (FGR) la acusó de uso indebido de 5,073 millones 358,846 pesos, por actos de acción u omisión en la celebración de 27 convenios irregulares con universidades públicas, que no reportó a su entonces superior jerárquico, el presidente Enrique Peña Nieto.

En un vestido blanco, con rostro sonriente, peinada y maquilla impecablemente, Robles Berlanga llegó al Reclusorio Sur poco después de las 10:00 horas de ayer acompañada de su hija, Mariana Moguel; de su abogado, Julio Hernández, y un séquito más de litigantes. “Aquí estoy como lo prometido, dando la cara como la he dado siempre, y muy tranquila”, dijo la primera secretaria de Estado de nuestro país en enfrentar un proceso penal por presuntos actos de corrupción.

La extitular de Sedesol y Sedatu bajó de la camioneta que la trasladaba, caminó e ingresó por la puerta del reclusorio que conduce a la zona de juzgados. La audiencia inicial del procedimiento contra Robles inició cerca de las 12:00 horas. El juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, encabezó la audiencia en la que el Ministerio Público lanzó la acusación: “Usted tuvo pleno conocimiento de la afectación a la hacienda pública. No lo evitó teniendo la facultad para ello y no informó a su superior jerárquico (el presidente de la República). Eran recursos destinados al combate a la pobreza y al ordenamiento territorial, recursos que debieron manejarse con honradez como lo establece el artículo 134 de la Constitución”. El rostro sonriente de la también exjefa de Gobierno del DF desaparecía, mientras su hija Mariana Moguel le daba un masaje en los hombros.
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La FGR, a través del Ministerio Público federal, imputó a Robles el delito de ejercicio indebido de servicio público, contemplado en el artículo 214 del Código Penal Federal, por la celebración de 27 convenios entre el 2014 y el 2018 con la Universidad Autónoma de Morelos; la Universidad Politécnica Madero de Hidalgo; la Universidad Politécnica de Quintana Roo; la Universidad Politécnica de Chiapas; el Sistema de Televisión de Quintana Roo, y el Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo. El monto involucrado fueron 5,073 millones 358,846 pesos, autorizados por la Unidad de Política y de Geoestadísticas de Sedesol y Sedatu, con intervención de los entonces funcionarios José Antolino Orozco Martínez, María del Carmen Gutiérrez Medina, Marco Salvador Ibarra Infante y Armando Saldaña Flores.

El MP federal indicó que dichos contratos fueron indebidos porque ella, como titular de ambas dependencias, no verificó que se realizaran licitaciones, además de que las universidades subcontrataron servicios hasta en 49% por actos de convenio. Incluso, prosiguió, no existió prueba documental de que los servicios en las universidades se hayan realizado.

El abogado Julio Hernández argumentó al juez Felipe de Jesús Delgadillo que la Auditoría Superior de la Federación, quien reveló esos actos indebidos y luego una investigación periodística, conocida como la Estafa Maestra, los amplió, no representaba a la parte ofendida. Sin embargo, el juez ratificó que la ASF sí puede ser coadyuvante del proceso penal contra Robles.

Más tarde, el abogado Julio Hernández pidió a nombre de su cliente diferir la audiencia debido a que está en curso un amparo otorgado por un juez de Chiapas a uno de los involucrados en el procedimiento: Emilio Zebadúa. Y en tono molesto, el juez le respondió: “no me vengas a valer esos argumentos; si no conoces la Ley de Amparo, no voy a permitir que difieras la audiencia tramposamente”.

En seguida, el juez ordenó un receso de 20 minutos, debido a que la exsecretaria de Estado deseaba acudir al sanitario. De regreso a la audiencia, el abogado Julio Hernández Barros pidió a la FGR, representado en el MP federal, que desglosara con nombres, fechas y tiempos los 27 contratos, situación que el Ministerio Público no tuvo para acreditar, por lo que el juez ordenó un receso de dos horas. A Rosario Robles se le permitió que su chofer accediera hasta la zona de juzgados para recogerla, y regresarla a las 17:00 horas al retomar la audiencia.

La denuncia que desató este procedimiento fue presentada ante la PGR el 18 de septiembre del 2018 por Heladio Ramírez Pineda, director general jurídico de la ASF

Redacción--noticias/eleconomista