Omite Emilio Chuayffet Chemor reportar propiedades en su declaración patrimonial

Emilio Chuayffet Chemor, secretario de Educación Pública, posee más propiedades inmobiliarias de las que reportó en su declaración patrimonial presentada a la Secretaría de la Función Pública, la cual se hizo pública el pasado 16 de enero.

De acuerdo con el Diario La Jornada, cuyos reporteros acudieron al municipio de Tenancingo, donde hay una oficina del Instituto de la Función Registral del Estado de México (Ifrem), el ex gobernador del Estado de México posee tres inmuebles, distintos a los manifestados en su declaración, en un conjunto residencial de Ixtapan de la Sal.

En su manifestación presentada como parte del gobierno federal de Enrique Peña Nieto, Chuayffet Chemor dijo poseer dos inmuebles: un terreno de mil 800 metros cuadrados, que compró de contado hace 10 años, y una casa de 738 metros de superficie de predio y de 360 metros cuadrados de construcción, que adquirió a crédito en 1984. De ninguno de los dos informó el costo de adquisición o valor comercial.

Según los registros del Ifrem, se puede comprobar que Chuayffet inscribió, el 20 de noviembre de 2012, un terreno de 810.42 metros cuadrados que adquirió a la inmobiliaria Club de Golf Gran Reserva SA de CV, cuyo valor de operación fue de un millón 650 mil pesos. Lo anterior quedó asentado en el volumen 74, libro primero, sección primera, partida 131 y en el folio real electrónico 000 047 68.

El segundo terreno es de 816 metros cuadrados en el mismo conjunto residencial, inscrito en el Ifrem el mismo 20 de noviembre, cuyo valor de operación fue de un millón 650 mil pesos. Este quedó asentado en el volumen 74, libro primero, sección primera, foja 16, partida 132.

El tercer predio cuenta con una superficie de 866.73 metros cuadrados y lo compró el 26 de octubre pasado a la ex presidenta municipal de Toluca Yolanda Sentíes Echeverría, a un costo de un millón 800 mil pesos. La adquisición fue fedatada por el notario Jorge Ramos Campirán.

De acuerdo con el artículo 80 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece en su fracción novena que el servidor público que en su declaración de situación patrimonial faltare a la verdad en relación con lo que es obligatorio manifestar en términos de esta ley, será suspendido, y cuando por su importancia lo amerite, destituido e inhabilitado de tres meses a tres años.

Redacción--alfa diario.net