Cabilderos una verguenza nacional

Senadores reconocen que los cabilderos, quienes actúan sin una reglamentación, sí han influido en decisiones.

Especialistas dudan que el Congreso regule la actividad como en otros países

Ciudad de México.- A diferencia de los países desarrollados, y específicamente de Estados Unidos, México carece de una ley que regule la actividad de los cabilderos, una figura asociada frecuentemente con la corrupción legislativa.

REFORMA publicó ayer que el Senado mexicano lleva varios meses discutiendo un reglamento en ese sentido, que, comparado con lo ya reglamentado en el vecino país del norte, es apenas un amago.

Mientras que en México es apenas un propósito asentar en un reglamento el no aceptar viajes de empresas patrocinadoras de productos involucrados en temas sujetos a legislación, con los estadounidenses está expresamente en una ley el castigo tanto para legisladores como para cabilderos.

La Ley de Divulgación del Cabildeo (LDA, por sus siglas en inglés) penaliza hasta con 5 años de prisión a quienes se dedican a cabildear que den regalos o paguen viajes a legisladores.

Ante la falta de regulación en México, quienes se dedican a esta actividad lo hacen sin control y a escondidas en el Congreso de la Unión, lo que provoca corrupción y tráfico de influencias, coinciden especialistas y senadores.

"En un juego donde todo se vale, porque no está legislado, no puede haber sanciones por recibir ofertas de viajes, boletos para carreras de automovilismo en otros países u otra especie de regalos", dijo el investigador en temas legislativos Khemvirg Puente.

El especialista Marcos del Rosario, director del Posgrado en Derecho de la Universidad Panamericana, mostró su escepticismo en que el Congreso regule la actividad de los cabilderos.

"Existe un ejercicio desproporcionado o poco ético que se ha dado por parte de algunos legisladores y empresas, al hacer mal uso de la figura del cabildeo, al negociarse en lo oscurito y con prebendas", comentó.

Los senadores del PAN, José González Morfín, y del PT, Ricardo Monreal, hablaron de la urgencia de regular la actividad.

"Es lamentable, pero actualmente no hay control. El cabildeo se da a escondidas, en las sombras, nadie sabe quiénes son en realidad", comentó el panista.

"Sí han influido en las decisiones, cuando había un sólo partido en el poder no había necesidad de esta figura. Ahora los vemos a finales de año generando mucha presión. Aunque ahora son más discretos", comentó Monreal.

En diciembre pasado, las presiones y regalos de los cabilderos fueron denunciados por los propios Senadores.

"Lamentablemente, las tabacaleras tienen intereses muy claros y que se vieron reflejados, por ejemplo, en las bancadas del PRI. Todos fuimos testigos de que ahí estaban todo el tiempo con ellos en el Senado", dijo el presidente de la Comisión de Salud en el Senado, Ernesto Saro.

También desde la tribuna, Ricardo Monreal denunció que los cabilderos ofrecían viajes y hasta el financiamiento de campañas, a cambio de preservar sus privilegios fiscales en el Paquete de Ingresos 2010.

Castigan sobornos en EU

En Estados Unidos se penaliza con multas de hasta 200 mil dólares y cárcel hasta por 5 años a los cabilderos que entreguen regalos o paguen viajes a legisladores.

La Ley de Divulgación del Cabildeo (LDA, por sus siglas en inglés) señala que los cabilderos deben entregar reportes trimestrales en los que certifiquen que no han proporcionado, solicitado o enviado regalos, incluidos viajes, a algún miembro del Congreso, pues una violación a los reglamentos de ambas cámaras ameritaría castigo.

Publicada en 1995, la LDA fue reformada en 2007, cuando se incluyó una sección sobre la prohibición de proveer regalos o viajes de cabilderos registrados a miembros y empleados del Congreso.

Las sanciones abarcan multas de hasta 200 mil dólares y penas de hasta 5 años de cárcel.

Además, las declaraciones intencionalmente falsas u omisiones en los certificados son perseguidas bajo la legislación de declaraciones falsas y fraude.

Todos los cabilderos registrados quedan obligados a extender un certificado que garantice que han leído y se han familiarizado con las reglas de la Cámara y el Senado respecto de regalos y viajes, así como garantizar que no han entregado o requerido que un regalo o viaje sea ofrecido a un miembro o empleado del Congreso.

Tanto el reglamento de la Cámara de Representantes como el del Senado estadounidenses establecen que sus miembros, empleados y funcionarios, así como los familiares de éstos, no pueden aceptar regalos de ninguna especie, excepto en determinadas circunstancias.

Tampoco pueden aceptar comidas o alojamiento en la casa de un cabildero bajo la "excepción de hospitalidad" que establecen los reglamentos.

Estados Unidos comenzó a regular el "lobbying", actividad mediante la cual grupos de interés o de presión ponen en conocimiento de los tomadores de decisiones políticas o de los diseñadores de políticas públicas sus puntos de vista con la intención de influir en sus resoluciones.

Guardan iniciativas para acotar cabildeo

En los últimos 7 años, senadores y diputados han presentado, al menos, 33 iniciativas para regular el cabildeo, sancionar a legisladores que reciban regalos o prebendas o que intercedan por intereses de particulares o propios en alguna reforma o licitación.

Sin embargo, aunque ha sido un tema polémico durante el proceso legislativo, principalmente en la discusión del paquete fiscal a finales de cada año, ni la Cámara de Diputados ni el Senado han querido normar la presencia de estos "negociadores", que pueden ser las empresas directamente, consultorías o ex legisladores contratados por consorcios nacionales o internacionales.

La mayoría de las iniciativas proponen crear un registro de cabilderos, el cual contenga todos los datos de la persona que contactará a los legisladores, la o las empresas que representa, el tema de su interés, sus fines, incluso cuánto están ganando por esa actividad.

Los legisladores quieren implementar mecanismos que operan actualmente en países como Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Reino Unido y otras naciones de la Unión Europea.

Las propuestas de PAN, PRI, PRD y PVEM varían en el número de padrones que se deben incluir, pues mientras algunos afirman que con uno sólo bastará, otros consideran que se debe hacer un control de cabilderos para el Congreso y otro para el Ejecutivo, pues también es sujeto de presiones.

Algunas iniciativas indican que el registro lo debe manejar cada cámara, otras sugieren dejarlo en manos de la Secretaría de Gobernación, del Instituto Federal de Acceso a la Información o de la Secretaría de la Función Pública.

Además, proponen sanciones tanto para cabilderos como para legisladores que incurran en una práctica ilegal para beneficiar a terceros.

Por ejemplo, para los "negociadores" que gestionen asuntos fuera del padrón legal se propone una multa hasta por 5 mil salarios mínimos, misma pena que piden sea aplicada para quienes entreguen información falsa, ofrezcan regalos, prebendas o beneficios a un servidor público.

Además de la suspensión total o parcial, hasta por 6 meses, del registro o retiro de la cédula.

En tanto que, para los legisladores o cualquier servidor público que opere como cabildero, se plantea que sean sancionados conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se les pueda inhabilitar o imponer multas de 50 a 3 mil días de salario mínimo, así como aplicar las responsabilidades penales, civiles o administrativas que resultaren.

En marzo de 2008, el senador panista José González Morfín presentó una iniciativa que plantea establecer, en la Ley Orgánica del Congreso, el término cabildero y sus funciones.

"La promoción de intereses propios o ajenos que busquen influir en el trabajo legislativo deberá ser registrada y autorizada por la Mesa Directiva de la respectiva Cámara de Diputados o Senado. Dicho órgano podrá solicitar a los cabilderos la información que considere necesaria para permitir que esa actividad se desarrolle y normar los criterios para su actuación", indica.

Otros proyectos de reforma piden detallar la prohibición que existe para legisladores y servidores públicos gestionar reformas para beneficiar a terceros o intereses propios, lo que se conoce como incompatibilidad de funciones.

Resienten presión de las tabacaleras

En octubre de 2005, el entonces diputado federal panista Miguel Ángel Toscano denunció que empresas tabacaleras buscaron sobornar a legisladores, invitándolos a viajes por Europa, para que no aprobaran el aumento de 20 por ciento al precio de la cajetilla de cigarros.

El escándalo puso en evidencia la falta de regulación del cabildeo en el Congreso.

Toscano dio a conocer los nombres de funcionarios y diputados que presuntamente fueron sobornados por las compañías cigarreras, y mencionó a Humberto Aguilar Coronado, ex subsecretario de Gobernación, y a los legisladores panistas Felipe Puelles y Francisco Valdés; a los priistas Luis Antonio Ramírez, Irma Guadalupe Moreno, Raúl Mejía, Hilaria Domínguez y Jorge Uscanga, además del perredista Emilio Zebadúa.

"Vengo a hacer una denuncia política, no jurídica. Haré una serie de señalamientos y cada diputado deberá de contestar qué clase de vínculos estableció con la industria del tabaco.

"La denuncia legal la formularé más adelante ante la instancia responsable de vigilar las actuaciones de los servidores públicos", dijo Toscano.

Mientras el PRI valoró la posibilidad de presentar una denuncia penal contra el diputado por "difamar" a sus legisladores, el PRD exigió a Toscano una disculpa pública.

Ante las presiones internas y externas, el PAN dejó solo a su diputado con la revelación de nombres.

"Es un asunto que planteó de manera estrictamente personal: él sabe que no cuenta con el respaldo ni de su grupo parlamentario ni de su partido para ese punto.

"Por lo tanto, él deberá asumir las consecuencias de sus dichos y de sus actos", advirtió el secretario general del blanquiazul, José Espina.

José Antonio de la Vega, vicecoordinador de su bancada, reprochó a Toscano haber mencionado a sus compañeros Felipe Puelles y Francisco Valdés.

"Conminamos al diputado Toscano a que se conduzca con mayor argumentación en sus señalamientos", exigió De la Vega.

Redacción--Reforma