Se niegan priístas aplicar el IVA en canasta básica

El PAN por fortalecer capacidad recaudatoria; PRD por ampliar contribuyentes

Toluca.- Derivado de la mayoría simple del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el Partido Acción Nacional (PAN) estará impedido, conforme a las plataformas electorales planteadas para la contienda de este año, siquiera a proponer gravar alimentos, medicinas y libros con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y a incrementar la participación de la iniciativa privada en el sector energético, como alternativas para afrontar los estragos de la crisis financiera mundial.

Empero, las propuestas de PAN, PRI y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se olvidan de los procedimientos, estrategias y mecanismos (del cómo) para conseguir las metas que plantean, ante un panorama de recuperación económica que advierten aún largo y de creciente economía informal.

La plataforma parlamentaria registrada por el albiceleste ante el Instituto Federal Electoral (IFE) plantea “el fortalecimiento de la capacidad recaudatoria de las haciendas locales a través de la modernización fiscal y administrativa”, y reformas “para aumentar la capacidad recaudatoria de las entidades federativas y los municipios haciéndolos menos dependientes de los ingresos federales”.

Sin embargo, es imprecisa en cuanto a la necesidad de que lo anterior se traduzca en la implementación de nuevos gravámenes o implique retomar su propuesta para gravar con IVA alimentos, medicinas y libros.

En contraste, en este tema el tricolor advierte, de forma tajante: “El PRI seguirá defendiendo la economía popular y no aceptará la aplicación del IVA en alimentos y medicinas”, lo que representará un obstáculo ante cualquier intensión del presidente Felipe Calderón por emplear este impuesto como una alternativa de mayores ingresos que lleven a su administración a afrontar la recesión económica mundial cuyos estragos se extenderán todavía a mediano plazo, como lo reconocen tanto su partido como el Revolucionario Institucional.

En los casos del PRI y del PRD promueven, sin embargo, la ampliación del padrón de contribuyentes con la inclusión del sector informal y los evasores de impuestos.

Debido a que el petróleo representa, en la actualidad, la principal fuente de recursos públicos en México, el albiceleste adelanta que insistirá en permitir “una mayor participación de la inversión privada en sectores clave, como por ejemplo en el sector telecomunicaciones y de Gas LP” y “la inversión complementaria en refinación, pues el régimen jurídico vigente limita las posibilidades de inversión en esta importante área”.

Los tres partidos consideran viable y fructífero trasladar el régimen fiscal de Petróleos Mexicanos (PEMEX) a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Luz y Fuerza del Centro (LFC).

En sus propuestas, PAN, PRI y PRD coinciden, sin embargo, en motivar fuentes de ingreso alternas, si bien aún no sustanciales, el fomento de créditos, los incentivos fiscales y la simplificación administrativa como un instrumento de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa que implican 50 por ciento del aporte al Producto Interno Bruto y 70 por ciento de los empleos generados.

De igual manera, destacan la posibilidad de detonar, como sectores productivos, el turismo y las vocaciones regionales en el país.

El tricolor y el partido del sol azteca concuerdan, además, en la necesidad de que el Estado retome el control en la vigilancia y conducción de las políticas implementadas por la iniciativa privada y la banca para combatir el neoliberalismo y los monopolios que después de un par de décadas sólo han ocasionado el aumento de la pobreza y el incremento de la distancia entre ricos y pobres; de manera opuesta, el PAN plantea un mayor apoyo a la iniciativa privada como una fuente importante de ingresos.

Las tres principales fuerzas políticas de la nación abanderan, de igual forma, la posibilidad de que la banca comercial sea obligada, a través de un nuevo marco jurídico, a participar del financiamiento a la micro, pequeña y mediana empresa, y en actividades productivas como el turismo y las consideradas rurales. Y el fomento del mercado interno como un requisito básico de recuperación económica, así como una mayor participación de la banca de desarrollo.

El tricolor pugna por el retorno al sindicalismo exacerbado, al plantear que “toda propuesta legislativa de carácter laboral deberá ser condensada con el sector obrero del partido” y la necesidad de “reivindicar la contratación colectiva, el derecho de huelga, la participación de las organizaciones sindicales en las instancias tripartitas y el derecho de libre asociación sindical con mecanismos de lucha que preserven su vigencia”.

Posiblemente en agradecimiento al denominado voto verde, apenas el PRI establece entre sus prioridades la renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) para aminorar las desventajas de los campesinos mexicanos, de tal manera que maíz y frijol no sean contemplados en el acuerdo “por tratarse de puntos estratégicos para la seguridad nacional”, se garantice la movilidad fronteriza de las fuerzas de trabajo con respeto a sus derechos humanos y laborales, se cree un fondo trinacional además con apoyos internacionales para reparar los daños a quienes se vean afectados por las desventajas competitivas, se cree un Tribunal de Comercio Internacional para vigilar el debido cumplimiento de los acuerdos, analice daños y convalide salvaguardas.

Como medidas inmediatas para afrontar la crisis, el PRI propone crear seguros temporales de desempleo, y el PRD el otorgamiento de seguridad social durante 6 meses y hasta por tres más a los trabajadores que pierdan sus empleos formales con motivo de la recesión, la suspensión temporal en la aplicación de intereses moratorios y pagos mensuales de los créditos hipotecarios INFONAVIT y FOVISSTE, asignación gratuita alimentaria básica mensual a las familias perceptoras de tres o menos salarios mínimos, pensión universal a adultos mayores de 70 años, educación gratuita con apoyo de útiles escolares y transporte, aumentos salariales superiores a la inflación comenzando con 8 por ciento por emergencia; disminución de 10 por ciento en diesel, gas natural, gasolinas y salarios de funcionarios de los tres poderes y tres niveles de gobierno, estímulos fiscales para empresas que se comprometan a no despedir empleados, entre las más importantes.

Redacción--Alfa diario