Senado aprobó eliminar fuero a funcionarios

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el fin de cerrarle el paso a la “impunidad” en los servidores públicos, el pleno del Senado aprobó este jueves por unanimidad eliminar el fuero a todos los funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, incluido el Presidente de la República, con el objetivo de que puedan ser sujetos a procesos penales cuando sean acusados de algún delito, pero sin perder su inmunidad.

El Senado avaló con 81 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones el dictamen que ya fue enviado a la Cámara de Diputados y con el que se reforman los artículos 61, 111 y 112 de la Constitución mexicana.

Con estas reformas, el Ejecutivo federal, diputados, senadores, ministros de la Suprema Corte, magistrados del Tribunal Electoral, consejeros de la Judicatura Federal, secretarios de Estado, asambleístas, el jefe de Gobierno del DF, gobernadores, el procurador general de la República, los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE), entre otros, podrán ser sujetos a procesos penales.


Sin embargo, los funcionarios enjuiciados no pisarán la cárcel ni serán removidos de sus cargos, y los encargados de definir la responsabilidad penal de algún servidor público serán los jueces, quienes solicitarán la expedición del auto de vinculación a proceso penal a la Cámara de Diputados.

Cuando el juez de la causa dicte sentencia condenatoria, él mismo solicitará a la Cámara de Diputados el retiro de la inmunidad para que el sentenciado sea cesado en sus funciones y quede a disposición de la autoridad correspondiente.

Con esto, se eliminan las figuras de Sección Instructora y Juicio de Procedencia, y así la decisión política de los legisladores determinará la eliminación de la inmunidad.

A sugerencia del senador Guillermo Tamborrel (PAN), también se modificará el artículo 61 constitucional para “precisar” que los legisladores no podrán ser reconvenidos ni procesados por sus opiniones.

Desafuero se resuelve en 10 días

Tras la solicitud de un juez, el desafuero deberá resolverse en un plazo máximo de 10 días tras la petición, con el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes en el pleno, sin necesidad de un dictamen previo, y con la audiencia del servidor público. En caso de un juicio al Presidente, se aplicará el mismo procedimiento, pero los diputados actuarán como cámara de origen y el Senado será el órgano revisor.

Redacción--informador.com.mx