Procuraduría del Edo Mex. oculta informes de camionero homicida

Acompañada de su esposo, Guilmar Maldonado, Yadira García Castillo exigió justicia y que no quede en libertad el chofer asesino de la línea Zinacantepec.

Con una absoluta falta de sensibilidad, servidores de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México se han cerrado completamente a informar a los agraviados padres que perdieron a sus dos pequeños hijos el pasado 10 de febrero al ser atropellados por un chofer asesino de la línea Zinacantepec, del cual no saben si continúa detenido o bien, cuál es su situación jurídica.

Guilmar Maldonado y su esposa Yadira García Castillo, quien llevaba a sus hijos de cuatro y dos años cargando cuando los tres fueron atropellados sobre la avenida Adolfo López Mateos, a la altura del Wal-Mart, acudieron a este diario a exigir justicia y pedir al procurador Alberto Bazbaz Sacal que no quede en libertad el homicida, Fernando Lechuga Salinas, de tan sólo 23 años de edad.

La joven madre, quien llegó en una silla de ruedas, visiblemente golpeada y con las secuelas que le provocó la embestida del camionero, refirió que la empresa transportista sólo les ha dado siete mil pesos, además de cubrir el pago del traslado de sus dos pequeños al estado de Puebla, donde se llevó a cabo el entierro, ya que allá están sus familiares.

Desgastados emocionalmente por la pérdida de sus dos hijos, además del dolor físico de la mujer, quien no sentía parte de su cadera y tenía un fortísimo dolor en la espalda, los padres denunciaron el "vía crucis" que pasaron ayer recorriendo oficina por oficina en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y en los Juzgados Penales de Almoloya de Juárez, sin que nadie les informara el avance de la averiguación.

Los angustiados padres, quienes dijeron que estaban económicamente muy mal por todos los gastos que hicieron en estos últimos días, incluidos los pasajes a Puebla, donde enterraron a sus hijos, denunciaron que los han traído de un lugar a otro y nadie les ha informado sobre cuál es la situación jurídica del chofer de la línea Toluca-Zinacantepec y Ramales, si ya lo consignaron, qué ha pasado con la empresa, qué ha manifestado el homicida, realmente no saben nada.

Tienen conocimiento que ya hubo una audiencia y ni siquiera les avisaron, como si las autoridades estuvieran protegiendo algo o a alguien.

Refirieron que acudieron al Ministerio Público de Zinacantepec, y de ahí los enviaron a la Fiscalía Especial de Delitos del Transporte, donde los recibieron, en distintos momentos, Miguel Cruz Galindo y Esmeralda Gómez, sin informarles nada de la averiguación, incluso uno de ellos hasta les dijo que el caso nunca había llegado ahí.

De modo que este día acudirán nuevamente al Ministerio Público, porque presuntamente estarán de turno quienes los atendieron el día de la tragedia, pues no cejarán en que se haga justicia y la muerte de sus dos pequeños no quede impune, y también se solventen los gastos médicos que tengan que hacer, pues por falta de dinero no ha sido revisada y está teniendo complicaciones.

Redacción--Sol de Toluca

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