Audita al Gobierno y luego le dan puesto

Fernando Baz (centro), auditor del Órgano Superior de Fiscalización del Congreso mexiquense.

El despacho Freyssinier Morín cobró $25.4 millones al Gobierno estatal

Toluca, Estado de México.- En los últimos nueve años el Gobierno mexiquense pagó por distintas auditorías 25.4 millones de pesos al despacho Freyssinier Morín, del cual era socio Fernando Baz, quien el pasado 30 de septiembre fue designado auditor del Órgano Superior de Fiscalización del Congreso local (OSF).

En respuesta a una solicitud de información pública, la Secretaría de Finanzas detalló que del 2000 al 2003 se contrató a ese despacho para auditar los estados financieros mexiquenses, servicios por los que pagó 24.9 millones de pesos.

Los siguientes cuatro años no tuvo contratos, sin embargo, en el 2008 y el 2009 se le pidió dictaminar el pago del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo, por el que el despacho cobró 506 mil 750 pesos.

En septiembre pasado Baz fue propuesto por el Ejecutivo para encabezar el OSF, puesto que alcanzó gracias al mayoriteo del PRI y sus aliados con 55 votos, con el rechazo del PAN y la abstención del PRD; incluso, al asumir el puesto fue cuestionado por la fracción panista por su presunta cercanía con el Gobierno priista.

En entrevista, Baz aseguró que los principios de ética se mantienen como auditor interno o externo, y refirió que las auditorías que hizo a la administración del ex Gobernador Arturo Montiel y las hechas en lo que va de la de Enrique Peña no fueron de obra pública, sino de cuentas públicas, donde se revisaron estados financieros.

"Desde el punto de vista del Órgano Superior es exactamente la misma independencia mental, el haber participado en el área privada, en el área civil y en el área pública me da el ánimo de seguir exactamente igual con esa independencia", expresó.

El funcionario aclaró que la cercanía con el Gobierno estatal fue de trabajo y ahora mantiene la misma relación con los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y los 125 ayuntamientos.

Baz detalló que en 1986 comenzó a trabajar en Freyssinier Morín, despacho del que fue socio desde 1996 y hasta el 2009, días antes de haberse incorporado a la administración pública.

El artículo 10 de la Ley de Fiscalización estatal no establece ninguna restricción para que el auditor provenga de la iniciativa privada, sólo refiere que tres años antes de su designación no haya sido titular de dependencias u organismos auxiliares del Ejecutivo, senador, diputado, magistrado, juez o alcalde.

Redacción--Reforma