Magistrados anticorrupción cercanos a Eruviel Ávila

Con el voto de Morena en contra por considerar que los beneficiados son incondicionales del Ejecutivo y no garantizan imparcialidad, el Congreso local avaló en comisiones las cinco propuestas del gobernador priista Eruviel Ávila para magistrados especializados en combate a la corrupción del Tribunal de Justicia Administrativa.

Este jueves será sometido a consideración del pleno el dictamen que aprueba la designación de Baruch Delgado Carbajal, excomisionado de los Derechos Humanos del Estado de México; los exmagistrados Teresita del Niño Jesús Palacios Iniestra, Luis Octavio Martínez Quijada y Alberta Virginia Valdés Chávez, y el exsecretario del Juzgado Tercero de Distrito, Víctor Alfonso Chávez López.

Al comparecer ante las comisiones unidas, Delgado Carbajal justificó que sus vínculos con el PRI y el Ejecutivo estatal son los mismos que con las otras fuerzas políticas y poderes, y rechazó haber recibido “línea” como presidente del Poder Judicial o titular de la Codhem.

Baruch Delgado afirmó que lo mismo se ha reunido con el titular del Poder Ejecutivo que con integrantes del Legislativo.

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“No tengo mayores vínculos, no hay otra relación. Mis nombramientos han sido por concurso de oposición o mayoría de votos… Jamás recibí indicación para algún asunto”, aseguró.

Al ser cuestionado sobre las razones por las que nunca se pronunció en relación con el caso Tlatlaya, el exombudsman afirmó que cuando asumió ese cargo la CNDH ya había emitido recomendaciones, y justificó que los involucrados en los hechos fueron autoridades federales, quienes quedan fuera del ámbito de competencia local.

“La gente juzga el desempeño, pero puse mi máximo esfuerzo en la Codhem, luché por dar claridad al trámite y conclusión de las quejas, más de 9 mil 500 al año; dupliqué el número de recomendaciones, he luchado por fortalecer el presupuesto, y combatí con acción de inconstitucionalidad la ley Atenco, de la que impugnamos seis artículos”, esgrimió.

Al aspirante Luis Octavio Martínez Quijano se cuestionó su elegibilidad, en virtud de que es magistrado en funciones, y si bien puede competir por la nueva encomienda, sólo está facultado para ello una vez que concluya su encargo actual, el 30 de agosto próximo.

Sobre el señalamiento, Martínez Quijada justificó que será la sociedad quien lo juzgue, pero confió en que es elegible por el simple hecho de ser ciudadano.

Valdés Chávez, por su parte, afirmó que durante sus 30 años de trayectoria nunca ha recibido indicaciones para emitir alguna sentencia, y dijo que llegó al cargo de magistrada por concurso de oposición; en la nueva encomienda además confió en que los ciudadanos vigilarán el desempeño de los magistrados para garantizar que el Sistema Anticorrupción cumpla el propósito para el que fue creado.

El diputado panista Raymundo Guzmán apuntó una inconsistencia en la cédula profesional de Palacios Iniestra, pero ella afirmó que el documento fue entregado en tiempo y forma, en original; que su cédula coincide con su nombre y el plasmado en el título de la UAEM como licenciada en derecho; de tal manera que de existir alguna anomalía, podría imputarse a algún error humano, en virtud de que se tituló en 1991, cuando muchas instituciones del país carecían de sistemas informáticos.

José Antonio Lara Duque, coordinador del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), advirtió que la Codhem, desde su fundación en 1993, ha sido un ente meramente testimonial ante las graves violaciones de derechos humanos.

Ejemplo de ello, acotó, fue Baruch Delgado, quien “mantuvo un perfil bajo, de crítica amigable, gentil, lo que no es compatible con la necesidad de investigación, persecución y protección de los derechos humanos”.

Por las mismas razones, añadió, su perfil tampoco es el ideal para magistrado anticorrupción, ante la necesidad de democratizar las discusiones, abrirlas a un análisis más amplio y permitir la participación social. De otra manera, dijo, “vamos a perpetuar los sistemas antidemocráticos”.

Redacción--proceso.com.mx