Enrique Peña Nieto veta la ley anticorrupción

El Presidente Enrique Peña Nieto vetó de manera parcial la Ley 3de3, por lo que regresará al Congreso con observaciones la reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativa para que modifique el Artículo 32, que obliga a los particulares que están en contacto con los recursos públicos a presentar sus declaraciones patrimoniales, de intereses y de impuestos, como si fueran funcionarios públicos.

El anuncio fue realizado por el consejero jurídico, Humberto Castillejos, quien no mencionó si el Jefe del Ejecutivo federal también propondrá cambiar el Artículo 29 de la misma legislación, el cual ha sido cuestionado por la sociedad civil por debilitar el espíritu original de la iniciativa, para conocer la riqueza de los servidores públicos.

“El Presidente Enrique Peña Nieto, en ejercicio de la facultad constitucional de realizar observaciones a las leyes aprobadas por el Congreso de la Unión, conocida como facultad de veto, devolverá al Senado de la República, para su análisis, el Artículo 32, incisos d y c, de la Ley General de Responsabilidad Administrativas y otros 15 artículos más relacionados con este Artículo 32”, informó en un mensaje en Los Pinos.

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Afirmó que el Primer Mandatario también está demandando al Congreso llamar a un nuevo período extraordinario para procesar esta legislación, que da vida al nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.

Recordó que estos artículos señalan que todo particular, sea un individuo o una empresa, que reciba o ejerza recursos públicos o contrate con cualquier instancia del Gobierno debe presentar sus declaraciones patrimoniales, es decir, dar a conocer, todo su patrimonio y su declaración de intereses.

Además señala que todas las personas que trabajan en una empresa que contrate con el Gobierno, sin importar su función, tendrían que presentar estas dos declaraciones.

“El Gobierno de la República ha escuchado con atención las voces que argumentan que esta medida es excesiva y haría inoperante el Sistema Anticorrupción, porque sería imposible procesar millones y millones de declaraciones.

“También inhibiría a los particulares de prestar servicios o vender productos a gobiernos, y lo más importante, afectaría a personas que no están vinculadas con contrataciones, como beneficiarios del programa Prospera o becarios del Conacyt”, agregó.

Argumentó que existen mecanismos novedosos para investigar y sancionar a los particulares que incurran en actos de corrupción, por lo que son los que se deben seguir usando.

Redacción-diariomx