Ecuador no se deja intimidar y, renuncia a acuerdos aranceralios con EE UU por caso Edward Snowden

Ecuador ha anunciado este jueves que ha renunciado a renovar los acuerdos comerciales con el Congreso de Estados Unidos que le otorgaban beneficios y preferencias arancelarias sobre la exportación de determinados productos a este país. La decisión, anunciada por el ministro de Comunicación ecuatoriano, Fernando Alvarado, se produce un día después de que el presidente del comité de Asuntos Exteriores del Senado, el influyente demócrata Bob Menéndez, advirtiera por escrito al Gobierno de Rafael Correa de que, si consentía en dar asilo a Edward Snowden, se encargaría de no reautorizar esos pactos.

La ruptura de estos acuerdos comerciales se produce en medio de una escalada de tensión entre ambos países a cuenta del caso Snowden. “El Gobierno de Ecuador no va a aceptar amenazas de nadie. Nosotros no nos supeditamos a los intereses económicos”, ha asegurado Alvarado. Aunque el gobierno de Ecuador sostiene que EE UU está utilizando la baza de los tratados con este país para influir en la decisión de otorgar asilo al exanalista estadounidense, el hecho es que el Congreso de este país parecía decidido a no renovar unos acuerdos que expiran el próximo 31 de julio mucho antes de que saltara el escándalo de las filtraciones. Ecuador era consciente y ha aprovechado una situación casi inevitable para sumarla a sus gestos beligerantes hacia EE UU.

El Congreso estadounidense mantiene con Ecuador dos acuerdos comerciales, el del Sistema Generalizado de Preferencias, (GSP en sus siglas en inglés) y el de Erradicación de las Drogas y Promoción del Comercio Andino (TPA). Ambos son tratados de carácter global que abarcan a muchos más Estados, a través de los que el Gobierno estadounidense potencia el crecimiento económico de países en desarrollo. En el caso concreto del TPA, en un primer momento, incluía también a Perú, Bolivia y Colombia, pero la firma de convenios de libre comercio con los tres ha dejado a Ecuador como el único miembro de ese pacto comercial. En 2012, gracias al GSP, Ecuador se benefició de 107 millones de dólares y las exportaciones de flores, atún y frutas y hortalizas le reportaron 318 millones de dólares debido a las rebajas arancelarias del TPA, de acuerdo con los datos de la oficina del Representante Comercial de EE UU.

Ecuador ha renunciado a unos importantes beneficios económicos que EE UU tampoco parecía tener mayor interés por renovar y su decisión en ningún modo perjudica a los intereses de este país ya que el único beneficiario de esos programas es el Estado sudamericano. La no renovación del acuerdo puede suponer para la industria floral ecuatoriana, que ha experimentado un crecimiento importante bajo el amparo del TPA, la pérdida de 100.000 puestos de trabajo.

“Nuestro Gobierno no recompensa a los países por su mal comportamiento. Los beneficios comerciales son un privilegio para las naciones, no un derecho. Urjo al presidente Correa a que haga lo correcto para EE UU y Ecuador y deniegue la petición de asilo a Snowden”, decía el comunicado del senador Menéndez. La decisión de renovar esos privilegios con otros países la adopta el Congreso de EE UU por razones eminentemente económicas y no políticas, advierten desde la Administración, y esa decisión, insisten, ya parecía que no iba a ser favorable para Ecuador en todo caso.

El caso Snowden ha provocado, sin embrago, un aumento de la retórica beligerante por parte de ambos países. El miércoles, la Embajada de Ecuador en EE UU emitía un comunicado en el que informaba de que su Gobierno había solicitado a EE UU que le remitiera por escrito las razones por las que no debía otorgar asilo a Snowden. “Mientras el Ejecutivo de Ecuador cumple con sus obligaciones, la Embajada rechaza las declaraciones de los miembros del Gobierno estadounidense con contenido dañino, falso e improductivo sobre Ecuador”.

Redacción--internacional.elpais.com