miércoles, 23 de enero de 2013

Se le cae el montaje a García Luna y Televisa por caso Florence Cassez

policía
Mexique décide la libération de Florence Cassez

Dos casos emblemáticos de cómo se manejó la procuración de justicia en México durante el sexenio de Felipe Calderón están por resolverse.

Después de quedar demostrado el montaje hecho por el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, para detener a Florence Cassez la Suprema Corte de Justicia de la Nación regresará el caso a los tribunales.

Y ahí es muy probable que quede libre o bien, en el peor escenario, sea extraditada a Francia.

El otro caso es el de los militares encarcelados por el solo dicho de “informantes” ligados al narcotráfico.

La PGR informó ayer que no tiene pruebas que confirmen las declaraciones de los testigos protegidos que acusaron al General Tomás Ángeles Dauahare de proteger al Cártel de los Beltrán Leyva.


Así que es su liberación es casi un hecho.

Conoce las dos historias.

Florence Cassez se enfrenta hoy al último recurso disponible en la justicia mexicana para buscar su libertad.

Mientras, los protagonistas de la parte más oscura de su historia amasaron estos años jugosos negocios.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidirá si le concede un amparo a Cassez y se revisa nuevamente su juicio eliminando pruebas que la incriminan, o le reitera su sentencia de 60 años de cárcel.

Al mismo tiempo y lejos de los reflectores, los personajes claves en su detención se han ocupado de firmar contratos con el gobierno, montar empresas en el extranjero y cobrar anticipos de eventos cancelados. 

La opinión pública está partida en dos.

Unos están convencidos de que ella es una víctima del sistema que encarcela a presuntos culpables.

Otros creen que es una “francesa secuestradora” que busca valerse de su nacionalidad para eludir a la justicia. 

Sin importar el resultado de su proceso judicial, las conexiones entre quienes la han incriminado son cada vez más visibles.

El proveedor


Eduardo Margolis es mucho más que el exsocio de Sebastien Cassez, hermano de Florence, con quien terminó la sociedad en malos términos antes de que ella fuera apresada. 

Es también mucho más que el “mejor amigo en la comunidad judía” de la activista Isabel Miranda de Wallace, quien durante años ha sido la voz civil más insistente en la condena de la mujer gala.

Margolis, presunto agente del Mossad es, para Cassez, el motivo principal por el que ella se encuentra encarcelada y sentenciada por secuestro. 

Lo dijo en entrevistas cuando dio a conocer su caso; lo reiteró en su libro “A la sombra de mi vida”, publicado por editorial Océano.

Florence Cassez vive convencida de que había una relación cercana entre Eduardo Margolis y sus principales acusadores, Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino.

Que esta relación permitió que ella fuera el vehículo para que el empresario de origen judío se vengara de su hermano Sebastien, quien al momento de su detención había regresado a vivir a Francia, lejos de la zona de poder de su enemigo.

Margolis es un empresario especializado en blindajes, que maneja a través de su empresa Epel, S.A. de C.V. 

En esta condición ha sido el proveedor de los vehículos de seguridad que han usado en los últimos años los funcionarios de más alto nivel de la Secretaría de Seguridad Pública, del Cisen, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Gobernación, los jefes de Estado, reyes y personalidades que han visitado el país, de acuerdo con información obtenida por Reporte Indigo a través del IFAI.

La empresa Epel, S.A. de C.V. fue constituida en 2003 y tiene a Margolis como uno de sus socios, según publicó la revista Proceso en octubre de 2011. 

Sus primeros contratos con el gobierno se celebraron en junio de 2005, seis meses antes de que Cassez fuera detenida.

Se trató de un contrato de adjudicación directa por 33 mil 850 pesos y otro por 40 mil pesos, firmados con la Secretaría de Gobernación para el “mantenimiento al vehículo blindado (…) al servicio de la oficina del C. Secretario”, que era entonces Carlos Abascal.

También el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) se sumó a las dependencias federales que confiaron a la empresa de Margolis la seguridad de sus vehículos.

Una adjudicación directa por 290 mil pesos en abril de 2010 permitió a esta compañía hacerse cargo del mantenimiento y conservación de los vehículos “terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales” de una de las dependencias con información más sensible de todo el gobierno federal. 

Mexique décide la libération de Florence Cassez

El año del Bicentenario fue particularmente bueno para el empresario de seguridad.

Epel se convirtió en septiembre de 2010 en la receptora por adjudicación directa de 484 mil 758 pesos provenientes de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El objeto fue nada menos que el “transporte terrestre, a través de unidades blindadas, para el traslado de jefes de Estado y/o gobierno, casas reales, diplomáticos, invitados especiales y/o personalidades de alto nivel, con motivo del programa especial de los festejos del Bicentenario de la Independencia, Centenario de la Revolución y fiestas nacionales”.

En noviembre de ese mismo año, la Secretaría de Turismo le pagó un millón 670 mil pesos por una camioneta blindada de ocho cilindros, aunque no puede saberse si había mejores ofertas, ya que la compra no se hizo mediante una licitación sino de una adjudicación directa. 

Pero ninguna dependencia representó para Margolis ganancias más repetidas y millonarias que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a cargo de Genaro García Luna. 

Lo contrataron por primera vez en julio de 2006, todavía en el gobierno de Vicente Fox. Le fue otorgado por adjudicación directa un contrato por 365 mil 700 pesos para “servicios de blindaje”.

Un año más tarde, en mayo de 2007, la dirección de adquisiciones de la SSPF pagó 16 millones 243 mil 500 pesos a esta misma compañía para la adquisición de camionetas blindadas. La información publicada por el IFAI no especifica cuántas fueron ni de qué marcas.

En junio de 2009, la SSP otorgó un contrato de 100 mil pesos abierto por medio año a Epel para mantenimiento programado y no programado de vehículos. 

En enero de 2011 repitieron en la contratación de estos servicios, esta vez por 700 mil pesos y un plazo de 12 meses. 

Antes de cumplirse, cuando habían pasado ocho meses del acuerdo, la SSP incrementó el monto a pagar a Margolis en 140 mil pesos más mediante un convenio modificatorio.

En el último año de Calderón, el 17 de enero de 2012, otra adjudicación directa le valió a la compañía ganar 116 mil pesos por mantenimiento de un vehículo blindado del Servicio de Protección Federal.

Seis meses antes de que García Luna dejara el cargo, el 4 de julio del año pasado, a Epel le fue renovada su licencia como empresa de seguridad privada. 

La autorización DGSP/028-08/1012 obtenida de la SSPF le permite hacer instalación de blindaje y venta de vehículos blindados en todo el país.

Las conexiones se estrechan más gracias a que según develó el año pasado el documental “Florence Cassez: el último recurso”, una de las testigos estrellas del caso también estaban relacionadas con este empresario.

Cristina Ríos Valladares, una de las personas que acusó a Cassez de su secuestro, quien habría sido empleada doméstica de Margolis, dijo de manera anónima una fuente en México a la televisión francesa. 

Varios medios mexicanos reprodujeron esta versión y el empresario nunca lo desmintió.

Algunas versiones preliminares de la propuesta de amparo que propondría hoy la ministra Olga Sánchez Cordero indican que la Corte podría desestimar el testimonio de Ríos Valladares y de otros testigos clave.

Los policías


Los negocios millonarios que consiguió Epel con el gobierno calderonista pasaron en su mayoría por la SSP, a cargo de Genaro García Luna.

Uno de sus hombres más cercanos, Luis Cárdenas Palomino, quien anunció públicamente su retiro del servicio público a través de Facebook días después de que el PRI volviera a Los Pinos, podría estar también involucrado en la red de negocios que ha tejido García Luna en Miami durante los últimos años.

En noviembre pasado, Reporte Indigo publicó que la esposa de García Luna, Linda Cristina Pereyra, abrió en enero de 2011 el restaurante Oggi Caffe en North Miami Beach.

La constitución de la empresa a su nombre, Restaurant & Beverage Operator Los Cedros, LLC y su sociedad con el empresario colombiano Carlos Felipe Barrera, establecieron la conexión con la familia de Mauricio Samuel Weinberg.

Este empresario al igual que Margolis pertenece a la comunidad judía, tiene un permiso de la SSP para operar seguridad privada en todo el país y ha sido contratista de la extinta secretaría encabezada por García Luna. 

Otros registros de la División de Corporaciones de Florida colocan el nombre de Luis Cárdenas en medio de esta red de negocios en el extranjero.

En agosto de 2004, el empresario colombiano Juan Carlos Gaviria abrió la empresa Lofts of Atlantic, LLC como único socio.

La dirección de la compañía era la suite 706 del 1666 de Kennedy Causeway en la zona residencial de North Bay Village, al norte de Miami Beach. 

Es la misma dirección donde hoy se ubica Oggi Caffe, el restaurante de la esposa de García Luna.

En su primer reporte anual, realizado en marzo del siguiente año, en 2005, ya este empresario coloca un socio, de nombre Luis Cárdenas, a quien no se le registra su segundo apellido.

Ambos socios volvieron a aparecer juntos en esta dirección en el reporte anual de febrero de 2006 y en mayo de 2007, aunque para entonces habían cambiado en la dirección de la suite 706 a la 210 del mismo edificio.

El 8 de noviembre de ese año renunció al cargo el abogado que fungía como representante legal de la compañía, de nombre Héctor, J. Mir, mediante una carta dirigida a la División de Corporaciones de Florida.

El 15 de febrero de 2008, dado que los dueños no habían registrado a ningún nuevo representante, la División dio por cerrada la empresa y la colocó en estatus de inactiva, en el que permanece hasta hoy.

La televisora

García Luna y Cárdenas Palomino fueron los artífices de un montaje en el rancho Las Chinitas ese diciembre de 2005 para simular la liberación de varios rehenes.

El divulgador principal fue la empresa Televisa, que no solamente transmitió “en vivo” el rescate para la audiencia de su noticiero matutino en el Canal de las Estrellas.

También se convirtió en una piedra angular para la construcción de la imagen de secuestradora que aún tiene Cassez entre la mayor parte de los televidentes, según concluyó un estudio de Parametría durante 2012.

Es por ello que para los empresarios de organización de eventos fue una enorme sorpresa encontrar en la mesa de licitación del Año de México en Francia a Televisa. 

“Fue una sorpresa para nosotros que estuviera ahí Televisa y además entra con una oferta muy agresiva, 3.5 por ciento (de comisión sobre la organización de los eventos).


“Ubican su negocio en otro lado, evidentemente su negocio no estaba en lo que pudiesen ganar de comisión por hacer una serie de productos”, detalló Sandro Landucci, dueño de otra de las empresas que participó en la licitación.

De acuerdo con el modelo para evaluar a los licitantes, la calidad de la propuesta técnica y económica que presentara cada contrincante era apenas un porcentaje de la calificación.

La mayor parte se basaba en los volúmenes de facturación y el tiempo en el mercado.

“Estaba en chino (ganar), yo cuando vi a Televisa ahí sentado dije: adiós Año de México en Francia”, relata Landucci.

Además de que la televisora doblaba a todos en años en el mercado y volumen de facturación, se alió en una propuesta conjunta con Bonifant Comunication Group, empresa que pertenece a Samuel Bonifant Jiménez, uno de sus productores.

“Se había notado en las juntas anteriores la cercanía de la empresa Televisa; S.A. de C. V. cuestión con la empresa Bonifant Comunication Group, S.A. de C. V. y su representante”, relató en su testimonio sobre la licitación el observador externo, Alejandro Frank Díaz.

Por ello los demás licitantes no se sorprendieron de que la televisora ganara el contrato de 500 millones de pesos para realizar todos los eventos durante un año que posicionaría la imagen de México en Europa.

El resultado de la licitación se dio el 27 de enero de 2011, y el 11 de febrero se firmó el contrato entre el fideicomiso de Proméxico, organizador del evento y la propuesta conjunta presentada por Televisa y Bonifant.

Ya entonces comenzaban a circular en los medios los rumores de que las tensiones diplomáticas en torno al caso Florence Cassez podrían llevar a la cancelación del evento.

Incluso el testimonio social de Alejandro Frank Díaz ya contemplaba esa posibilidad.

“De confirmarse oficialmente estos lamentables hechos, afectarían sensiblemente la consecución del proyecto y desde luego el cumplimiento del contrato que tendría que sufrir probablemente una terminación anticipada”, advertía el observador. 

No obstante, el 4 de marzo Proméxico pagó a Televisa un anticipo por 30 millones de pesos, como consta en la ficha de depósito obtenida por Reporte Indigo por medio del IFAI.

Un mes y medio después, el 19 de abril, la televisora devolvió a Proméxico el anticipo, una vez que la cancelación del evento era prácticamente un hecho consumado.

Otra ficha de depósito obtenida por este diario comprueba que el 16 de junio, el fideicomiso pagó a Televisa 381 mil pesos por gastos no reembolsables utilizados en las primeras semanas después de firmar el contrato.

En opinión de Landucci, aun con estos gastos la televisora tiene que haber perdido dinero, pues se quedó en Francia una exposición de arte precolombino montada. Nunca pudo ser abierta pues el caso Cassez detonó la cancelación del pretendido intercambio cultural.

Paradójicamente, la empresa que participó en la detención falsa de la ciudadana francesa terminó perdiendo recursos debido a la cancelación del proyecto.

Landucci es experto en organización de programas y productos culturales. Nunca antes ni después había visto a Televisa en la licitación de un evento de este tipo y sigue sin entender qué la motivó para haber estado ahí.


Redacción--reporteindigo.com

2 comentarios:

  1. Este es el primer gran error del Gobierno de Enrique Peña Nieto, hoy Francia vuelve a conquistar a Mèxico, ya no tiene caso celebrar el 5 de Mayo porque hoy èste paìs y su Presidente Enrique Peña Nieto se arrodillaron ante otra naciòn para liberar a una secuestradora probada, con los votos y responsabilidad directa de los ministros Arturo Zaldívar Lelo De Larrea, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, así como de la ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, en serio no imagino como podràn dormir èstas personaas todas las noches el resto de sus vidas despuès de la atrocidad que cometieron.

    A los delicuentes y secuestradores se les trata mejor que a las propias vìctimas, en Mèxico hoy se demostrò que no hay justicia, si matas, violas, o secuestras con dinero saldràs libre, o si eres Francès tambièn saldràs libre. Èsto es lo que el regreso del PRI al Gobierno le esta dando a nuestro pais, corrupciòn y debilidad.

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    Respuestas
    1. Florence es inocente, desde un principio se sabía del montaje. Es al contrarío los errores de Fecal con su corrupto García Luna al mando de la policía.

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