Niegan amparo por desfalco a Miranda Nava ex colaborador Peña Nieto
Miranda Nava lleva casi cuatro años litiga para echar abajo un crédito fiscal de 4.5 millones de pesos.
La primera sala del máximo tribunal rechazó que sea inconstitucional el artículo 107 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que permite al Servicio de Administración Tributaria (SAT) revisar si existen irregularidades cuando detecta diferencias entre los ingresos declarados y los gastos de una persona.
En el caso de Miranda, el SAT determinó que sus ingresos y erogaciones totales en 2002 y 2003 ascendieron a 8 millones 792 mil pesos, de los que omitió declarar 5 millones 390 mil.
Este asunto ya pasó por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y un tribunal colegiado de Toluca, quienes eliminaron el crédito fincado por el SAT respecto al ejercicio de 2002, por lo que fuentes hacendarias estimaron que tras perder en la Corte, Miranda solo tendrá que pagar entre 800 mil y un millón de pesos.
Esta cantidad resulta de 520 mil pesos de ISR omitido en 2003, actualizaciones, y una multa de 280 mil pesos que fue anulada, que el SAT puede volver a imponer siempre y cuando la funde y motive legalmente.
Parte de los ingresos no declarados derivaron de una operación de mayo de 2002, en la que Miranda fungió como intermediario del entonces Gobernador Arturo Montiel Rojas, para la compra de tres predios en Tonatico.
La operación fue escriturada por 3.8 millones de pesos, pero Miranda recibió de los Montiel un depósito de 6.5 millones de pesos, pues según afirmó ante el SAT, la transacción se pactó en 6 millones más los gastos notariales.
El SAT consideró la diferencia como un ingreso no declarado por Miranda, quien 19 días después de comprar los inmuebles se los vendió a Montiel Rojas, éste los regaló a sus hijos Juan Pablo y Arturo, y estos a su vez los donaron a su madre, Paula Yáñez.
El SAT también detectó una operación que data del 20 de octubre de 2003, en la que una cuenta de Miranda en Bancomer recibió una transferencia por un millón 13 mil pesos, lo que el ex funcionario justificó como una transferencia electrónica desde otra cuenta de su propiedad en Banorte.
A fin de cuentas, el crédito fiscal derivado de esta operación fue confirmado en definitiva el pasado 26 de mayo por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Toluca.
El 7 de marzo de 2008, la Procuraduría Fiscal de la Federación presentó una querella penal ante la PGR por una supuesta defraudación de un millón 351 mil pesos atribuida a Miranda.
Esa cantidad corresponde al ISR que según el SAT fue omitido por Miranda en el ejercicio de 2002.
Como esta parte del crédito fiscal fue cancelado, la PGR resolvió no ejercer acción penal en la averiguación previa respectiva, informaron fuentes cercanas al caso.
Luis Miranda Nava llegó al gabinete montielista pro recomendación de su padre Luis Miranda Cardoso, quien se desempeñó como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, durante el mandato de Arturo Montiel Rojas, por lo que fue nombrado como subsecretario de Asuntos Jurídicos.
Desde ahí Miranda Nava tejió una amistad con el gobernador Montiel Rojas, a quien acompañaba todos los fines de semana a jugar tenis, el deporte favorito del ex mandatario. Años después, Montiel lo designó secretario de Finanzas, y hasta lo utilizó de prestanombres para realizar algunas operaciones inmobiliarias., motivo por el cual es buscado por el SAT.
Durante la administración de Enrique Peña Nieto quien fungió como Secretario de Gobierno del estado en la administración de Enrique Peña Nieto.
Los escándalos de Miranda Nava
Luis Miranda Nava se ha caracterizado por llevar una carrera política llena de escándalos, desde el 2005 es acusado de ser el prestanombres de Arturo Montiel, su jefe en ese momento, situación que lo llevó a comparecer ante el Ministerio Público donde reconoció haber adquirido al menos dos predios en el municipio de Tonatico que posteriormente habría vendido a Arturo y Juan Pablo Montiel Yáñez, hijos del ex mandatario estatal.
Para el 2008 fue objeto de una investigación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por presunta defraudación fiscal donde se le acusó de falsificar facturas y comprobantes fiscales dentro de los gastos erogados en su campaña electoral de 2006 cuando perdió la alcaldía de Toluca frente al panista Juan Rodolfo Sánchez Gómez.
También se vio involucrado en la investigación de la muerte de Paulette Gebara Farah en el 2010, donde fue señalado de controlar algunas circunstancias de la indagatoria, y dio un vuelco a la hipótesis del homicidio que tenía a Lissete Farah, madre de la menor, como principal indiciada en las primeras pesquisas ministeriales.
Tras la resolución el caso se dijo que Alma Saldaña Farah, entonces novia de Miranda Nava mantenía un parentesco consanguíneo con Lissete, situación que fue negada por el político, quien tiempo después se casó con Saldaña en Ixtapan de la Sal.
Fue acusado de haber aprovechado su puesto de Secretario de Gobierno durante la administración de Enrique Peña Nieto para regalarle a su padre Luis Miranda Cardoso, la notaria pública número 16 ubicada en la ciudad de Toluca.
Redacción--Alfa diario
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11/17/2011
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